Como segundo punto en la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estaba la mañana de este miércoles la apelación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). El tribunal de alzada revisó la apelación de la autoridad comunal, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó dicha medida cautelar, la cual hasta el cierre de esta edición aún no se resolvía si se mantenía o modificaba.

La apelación del alcalde de Recoleta fue ingresada a última hora del sábado, luego de que la defensa del alcalde de Recoleta, el abogado Ramón Sepúlveda, presentara el escrito ante el juzgado que decretó la medida y que lo derivó a la Corte, la cual fijó para este miércoles la revisión de la cautelar de Jadue, quien se encuentra recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber.

Desde ese centro penitenciario, y a la espera de que se presentara la apelación, Jadue envió -hasta ahora- dos cartas a los adherentes del Partido Comunista, quienes también lo acompañaron durante las cuatro jornadas que se extendió su formalización. Durante la audiencia de este miércoles en la Corte, también estuvieron presentes el exdiputado Hugo Gutiérrez y Esteban Maturana, expresidente de la Confusam.

Para los alegatos, representando al Ministerio Público estaba la fiscal Giovanna Herrera, acompañada por su equipo, entre los que se encontraba el exfiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf. Por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaba el consejero Daniel Martorell y por la empresa Best Quality, quien se querelló inicialmente en contra del alcalde de Recoleta por el presunto delito de estafa, estaba el abogado Mario Vargas.

Comparecencia que se dio en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual estuvo integrada por la presidenta Jessica González, el ministro Tomás Gray y la ministra Lillian Leyton, quienes escucharon durante toda la mañana las alegaciones de las partes del denominado caso Farmacias Populares.

La defensa de Jadue

Primero fue el turno del abogado de Muñoz, Pablo Araya, quien comenzó su alegación argumentando sobre el estándar de la prisión preventiva, en la cual también se encuentra el exsecretario, afirmando -además- que la administración de Achifarp estaba a cargo de otro funcionario antes de que Muñoz asumiera. En esa línea, planteó que los presuntos delitos de administración desleal que se imputan habrían ocurrido antes de que este llegara a la asociación encabezada por Jadue.